En el mismo bar donde hace dos años celebraron la sanción de la iniciativa que regula los medios audiovisuales, los especialistas debatieron sobre lo que se hizo y lo que resta mejorar. Un panorama realista del escenario que viene.
Son diez personas paradas en la esquina de Rivadavia y Callao. Posan como un equipo de fútbol. La fotógrafa los retrata desde todos los ángulos, los peatones de un día laboral parecen preguntarse si serán famosos, aunque no reconocen a nadie. Están a pocos metros del letrero de la calle, en la puerta del bar y pizzería que supo ser Plaza Del Carmen y ahora lleva un nombre italiano. En ese lugar, en la madrugada del 10 de octubre de 2009, una multitud eufórica festejó por varias horas la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre los que celebraron estuvo el entonces titular del Comfer, Gabriel Mariotto, hoy presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) –organismo creado por la ley– y vicegobernador bonaerense electo.
Las diez personas recuerdan aquella madrugada tras la meteórica votación en el Senado. Algunos de ellos estaban en los balcones del Congreso, observando el recinto desde un lugar privilegiado; otros celebraban entre la gente. Reunidos por Tiempo Argentino, se juntaron frente al Parlamento para conversar sobre el libro colectivo que acaban de publicar la AFSCA y la Universidad de Lomas de Zamora.
Con un título bien directo (Ley 26.522), el texto es al mismo tiempo una ref lexión colectiva sobre la llamada Ley de Medios y, también, un panorama realista del escenario que se viene. Porque, como dice Mariana Baranchuk, a cargo de la recopilación, “el período que se abre servirá para hacer que se cumpla toda la ley”.
Los entrevistados son coautores del libro. Ellos son Damián Loreti (ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, miembro de la comisión directiva del CELS); Gustavo Bulla (Director Nacional de Evaluación de AFSCA); Diego de Charras (docente e investigador UBA); Myriam Pelazas (coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión); Eduardo Seminara (vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del directorio de AFSCA); Alejandro Verano (director de Radio y Televisión Argentina SE); Claudia Villamayor (docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata); Susana Veleggia (docente e investigadora sobre comunicación e infancia), Javier Rodríguez Usé (docente en la Universidad de Lomas, asesor AFSCA) y Baranchuk (docente UBA y asesora AFSCA).
El libro también es, de alguna manera, el legado académico y político de la gestión de Mariotto al frente del Comfer y luego de la AFSCA. Tras su elección como compañero de fórmula de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, es un hecho que la Autoridad de Aplicación tendrá un inminente cambio de autoridades. En los próximos años, seguirá siendo un organismo clave. Tendrá a su cargo la aplicación de la normativa de la ley y la realización de los concursos para adjudicar nuevas licencias de TV abierta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano.
Por la Resolución 1846/2011 de la AFSCA, esos concursos fueron postergados para marzo de 2012 para “permitir una mayor participación y una mejor difusión” entre los interesados (ver aparte).
Ya ubicados dentro del bar, a salvo de un calor insoportable, los diez profesionales conversan con Tiempo sobre la producción de nuevos contenidos audiovisuales por parte del Estado, los pueblos originarios y su participación en la gestión de medios, la discriminación a la mujer en la televisión abierta (infaltable la mención a Marcelo Tinelli) y la actualidad de la relación entre el Estado Nacional y el Grupo Clarín. No faltaron los temas sensibles, como la respuesta a las críticas que se hicieron desde algunos medios alternativos por el valor de los pliegos de los concursos para nuevas licencias de TV abierta.
“Si uno va a disputar un espacio comunicacional, tiene que poder demostrar cómo va a funcionar, cómo se va sustentar. Si lo va a hacer sin amateurismo, debe saber que los trabajadores del sector tienen, por ejemplo, una escala salarial vigente que hay que respetar. Por todo eso no me parece alto el valor de los pliegos”, responde Loreti.
–Cuando se comiencen a aplicar las “cuotas de pantalla”, los canales de TV de las provincias no podrán repetir la programación de Buenos Aires. En ese marco, ¿qué balance hacen de la producción de contenidos audiovisuales por el Estado, productoras independientes y universidades? En el sector privado sostienen que se busca darle a esas nuevas ficciones una mirada ideológica cercana al gobierno.
Bulla:– Es una obligación ineludible del Estado, que ha promovido esta democratización de las comunicaciones a través de una ley, apoyar también la producción de contenidos. La inversión estatal está apostando a que haya nue vas generaciones en la Argentina, donde se estima que hay más de 15 mil estudiantes de cine, más de 40 mil estudiantes de comunicación.
Cuando toda esa gran energía creativa empiece a tener posibilidades de a poco se va a ir notando en un aire fresco para nuevas estéticas, nuevas historias. Que no necesariamente tiene que estar en línea con un programa de un partido.
Seguramente se van a hacer cargo de nuevas temáticas que están hoy en la sociedad argentina.
Varias de ellas fueron impulsadas en el nivel legislativo por este gobierno: me refiero a políticas de Derechos Humanos, políticas de igualdad en cuanto al matrimonio igualitario, en cuanto al reconocimiento de la identidad de género, del combate a la discriminación. Eso no es patrimonio de este gobierno aunque sí este gobierno las impulsó.
–¿Qué cambio produjo en la vida cotidiana de los pueblos originarios la sanción de la ley?
Villamayor: –Los medios indígenas tienen particularidades específicas. Hay que tener en cuenta eso para entender que los medios deben contribuir a realizar sus aspiraciones y concretar sus derechos.
Aspiraciones y derechos que tienen que ver, fundamentalmente, con el derecho a la tierra. Para nadie ya es ajena la cuestión de los desmontes que realizan las corporaciones, la usurpación de sus tierras con connivencia muchas veces política. Desde la sanción de la ley, los pueblos originarios cuentan con una potencia mucho mayor, que es el ejercicio de su derecho, de poder expresarse y configurar el mundo.
Eso no tiene retorno. Porque lo que hizo la ley es habilitarlos desde el punto de vista jurídico. Y luego hay un punto muy clave, porque en la reglamentación de la ley se está pensando encontrar caminos alternativos de sostenibilidad económica que vayan más allá de lo que pueda lograr la propia etnia. Es una obligación del Estado acompañar a los pueblos originarios para que puedan gestionar sus medios.
–¿El proceso de discusión de la Ley de Medios puede ser tomado como un ejemplo de democracia participativa?
Rodríguez Usé: Claro. No se olvide que el anteproyecto de la ley se debatió en casi 30 foros que se hicieron en todo el país. A eso se le sumaron las exposiciones que surgieron de las audiencias públicas que se hicieron en la Cámara de Diputados y del Senado, más los aportes que se presentaron en la mesa de entradas del COMFER, o en la página web, o por mail. Esos aportes luego derivaron en cambios a aspectos centrales del anteproyecto. Por ejemplo, la Autoridad Federal de Aplicación.
Tenía una conformación original que cambió luego de los foros: se amplió el directorio, se sumaron representantes al directorio. Lo mismo pasó con la participación de los pueblos originarios en los organismos de control. Y en los requisitos que precisan para obtener licencias, y son sólo algunos ejemplos.
–¿Cómo funciona el Observatorio contra la Discriminación ante programación que incluye discriminación o un tratamiento liviano de temas como el femicidio de La Plata?
Pelazas: –El tratamiento de esos hechos suele estar espectacularizado. Desde AFSCA se van a evaluar algunas coberturas y posiblemente salgan con alguna infracción, sobre todo cuando se apela mucho al morbo.
Pero esto es una conquista, más allá de la ley y demás, del trabajo de muchas periodistas, sobre todo de las que se reúnen en la Red Par (red que promueve una comunicación no sexista, NdR), que son periodistas de género, que lograron poner en duda por lo menos la cuestión de crimen pasional. Ya nadie dice “la mató porque la quería”, eso está desterrado de todos lados. Sí encontramos que en los programas de chimentos y de actualidad a veces aparece un tratamiento no muy serio, sin demasiados testigos.
Pero igual notamos que esta cuestión está mejorando mucho en los últimos tiempos porque la perspectiva de género pasó a ser una cuestión de todos los días.
–¿Qué sanciones aplica el Observatorio contra la discriminación? ¿Son económicas?
Pelazas: –Las acciones económicas las hace la AFSCA desde el sector de Evaluaciones. Pero desde el Observatorio no hay sanciones económicas. Lo que hacemos son recomendaciones y difundimos informes para cambiar ese tipo de prácticas. Con ShowMatch no lo conseguimos, podemos decirlo, porque les da rating ser sexistas.
Pero en otros casos, sobre todo con publicidades, hemos conseguido algunas cosas. Sin duda el programa de Tinelli es cuestionado. De hecho, el viernes pasado llegó a AFSCA un reclamo concreto de un grupo que se llama Las Juanas, y antes había llegado justamente de la Red Par, para que se establezcan algunas acciones.
–Desde los sectores sin fines de lucro plantearon críticas argumentando que, por su alto costo, es imposible acceder a los pliegos para los concursos para nuevas licencias de TV abierta de alta potencia. ¿Qué responden?
Loreti: –Lo que se tiene en cuenta en estos concursos son las condiciones de admisibilidad. Cada oferente que se presenta a un concurso tiene que demostrar que va a funcionar. O con un crédito, o con un subsidio o con plata propia. O también con el giro del negocio, porque la ley no establece ningún tipo de obstáculo al modo de obtención de recursos genuinos que reconozcan la creatividad intelectual, artística y cultural que van dentro de un medio de comunicación.
En fin, lo que te obliga a hacer el pliego es que digas cómo va a funcionar. Y sobre el valor de los pliegos, lo siguiente: cuando uno coteja el valor de los pliegos contra el costo de mantenimiento de un canal de TV hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, ¿cuántos salarios promedio de la actividad implica el valor del pliego? Segundo, ¿cuánto sale por mes contratar los servicios de ARSAT (empresa satelital) para que te ponga en el aire? Son 24 mil pesos mensuales. Y, además, un salario medio de la actividad para un canal abierto de alta potencia está en 7000 pesos de bolsillo, según el convenio colectivo de trabajo 131 del SAT (Sindicato Argentino de Televisión). Estos números son sólo un indicio del costo operativo mínimo mensual de un canal de TV abierta de alta potencia. Si no se quiere apostar al amateurismo, hay que tener en cuenta todo esto.
Hay cierto tipo de actividades que llevan escala salarial específica. El valor del pliego no está desajustado de todo esto.
Cristina anuncia licencias para FM
Tras su visita oficial a Venezuela, la presidenta retomará hoy su agenda oficial con un acto muy esperado en el Teatro Coliseo, el mismo escenario en el que cerró su campaña presidencial. Con ese simbolismo sobrevolando la escena, Cristina anunciará el otorgamiento de licencias para ofrecer servicios de radio FM a cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El anuncio tendrá un protagonismo especial del flamante vicegobernador electo y todavía titular del AFSCA, Gabriel Mariotto.
La jefa de Estado estará acompañada de ministros, funcionarios e intendentes. Mientras sigue el suspenso por la conformación de su próximo Gabinete, la convocatoria en el Teatro Coliseo podrá enviar algunas señales, despejar dudas o, por el contrario, mantener el misterio por unos días más.
Los concursos, en marzo
Los concursos para adjudicar 220 nuevas licencias para televisión abierta –110 para sociedades comerciales y 110 para asociaciones sin fines de lucro– volvieron a postergarse y se realizarán recién a fines de marzo próximo. A través de la Resolución 1846/2011 de la AFSCA, publicada en el Boletín Oficial el 23 de noviembre, los concursos fueron aplazados por 90 días hábiles y se ordenó realizar un nuevo cronograma de llamados a los efectos de “permitir una mayor participación y mejor difusión entre los interesados”, según el texto de la resolución.
Los concursos están dirigidos a prestadores de TV abierta en formato digital bajo la norma ISDBT (la norma japonesabrasileña) tanto de alta potencia (que permiten emitir en un radio de 70 kilómetros a la redonda, la misma cobertura que tienen Telefe y Canal 13), como también de media y baja potencia (para una emisión de no más de 10 kilómetros). Tiempo Argentino consultó a Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales de la AFSCA.
–¿Cuál es la causa de la postergación, la segunda desde que se anunciaron los concursos?
–Estamos buscando una ampliación de los oferentes. En la Argentina hace mucho, mucho tiempo que no hay concursos para explotar una licencia de televisión, y la presentación de una propuesta se ha convertido en un hecho inédito para el país. La última vez que se llamó a concurso por un canal de televisión fue en 1966, cuando se concursó el Canal 2 para repetir el Mundial (de ese año, jugado en Inglaterra).
Además, los oferentes que quieren ser licenciatarios deben presentar carpetas con antecedentes patrimoniales, personales, técnicos y culturales.
Vale recordar que en el año 2019 se producirá el apagón analógico, por lo que a partir de entonces sólo se podrá transmitir televisión en formato digital. Los canales de aire que hoy están transmitiendo de modo analógico –América, Canal 7, Canal 9, Telefe y Canal 13– lo hacen por la banda VHF, aunque están autorizados a explorar frecuencias adyacentes para brindar el servicio digital.
Martín Piqué
mpique@tiempoargentino.com
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